Un contrato para empoderar a los propietarios de terrenos y facilitarlles las negociaciones con las promotoras de parques eólicos

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En 2018 Galicia alcanzó una facturación estimada de 700 millones de euros

En 2019 se instalaron en Galicia 460 megavatios (MW), el triplo de lo registrado entre 2008 y 2018, que elevan a 3600 el total de MW esparcidos por 120 concellos de Galicia. Ante la perspectiva de un crecimiento continuado de hasta 500 MW al año, y con el objetivo de garantizar la protección de los propietarios de terrenos afectados por parques eólicos y facilitarles la negociación con las empresas promotoras de estas instalaciones, el Observatorio Eólico de Galicia (Oega) elaboró una propuesta de contrato tipo, con la que se pretende mejorar la situación actual, otorgándoles un papel principal en la planificación y desarrollo eólico y la capacidad de autogestionar el recurso del viento. «Es preciso cambiar la perspectiva y no pensar en la energía eólica únicamente de forma sectorial, como un negocio industrial para producit KW/h verdes, sino que debe ser más sistémica e interpretar la energía eólica en un territorio que tiene componentes sociales, económicas, culturales, tecnológicas, industriales que, por cierto, es la perspectiva de la UE». asegura Xavier Simón, responsable del Observatorio Eólico de Galicia (Oega) e investigador de la UVigo, que este mediodía presentó junto a Enrique Sáez, presidente de la Fundación Isla Couto, la propuesta de contrato tipo elaborado por Oega.

Con una facturación por investigadores de la UVigo y por la auditora Deloitte en el año 2018 de 700 millones de euros y una producción de 2600 horas de media, frente a la media española de 2300, en Galicia la promoción eólica estuvo en manos de 17 empresas hasta que en el año 2017, con la liberalización del mercado, cualquier compañía pudo entrar en el negocio. «Esas 17 empresas tebían diferentes niveles de responsabilidad social, pero ninguna era un fondo de especulación, que ahora si encontramos», lamentó Simón, que justificó la elaboración del contrato tipo, también, como un medio para evitar la especulación con los terrenos. «No se pueden dar concesiones de 30 años sin saber quién está detrás. Hay que hacerlo bien», dijo Enrique Sáez, que recordó que el viento es un activo permanente para el país y «es bueno explotarlo bien desde el punto de vista de como se distribuyen los beneficios, impacto paisagístico o ecolóxico, y no hay prisa», aseguró el presidente de la Fundación Juana de Vega.

Pagos anuales mínimos, cláusula de productividad, superficie objeto del contrato…

La propuesta elaborada por Oega, que recientemente les fue trasladada a los grupos parlamentarios gallegos, contempla dos fórmulas de contrato tipo. Por un lado, el contrato de constitución de derecho de superficie para comunidades de montes vecinales en mano común y, por otro lado, el contrato de arrendamiento para propietarios individuales. Estos modelos de contrato, aunque que no recogen condiciones económicas específicas, suponen una llamada a que los contratos prevalezcan sobre las expropiaciones, y recoge unas cláusulas básicas entre las que destacan tres formas de pago: por superficie ocupada, porcentaje de ingresos del parque o por capacidad instalada. «Nosotros no determinamos rentas o precios a pagar, pero podemos colaborar con las partes para facilitar la negociación, porque sabemos los precios medios, que deben estar vinculados con la productividad del parque», explicó Simón, que vuelve a recordar que Galicia está por encima de la media de España en cuanto a productivdad.

Precisamente lcláusula de productividad con el contrato recoge que, cada año, a partir del segundo, se producirá una revisión del canon pactado, que deberá incrementarse cada anualidad con arreglo a la variación experimentada por el índice de Precios de Consumo (IPC). Por outra banda, levarase a cabo unha revisión do canon en calquera momento de vixencia do contrato, na que o superficiario comprométese a igualar o canon pactado cando o propietario presente un contrato, referido a calquera parque eólico terrestre existente dentro do marco normativo eléctrico español, que contemple unhas condicións retributivas máis vantaxosas. Considerado o eólico como un activo fundamental, Xavier Simón sinala que o seu «boom» debe permitir transformar os resultados finais en termos de gobernanza, así como que haxa maior oportunidades para que se chegue a acordos para as partes: os promotores da enerxía eólica e os propietarios dun medio rural que as persoas están a abandonar e onde recursos quedan improdutivos. «Desde o Observatorio, co apoio das dúas fundacións consideramos que a enerxía eólica é unha oportunidade para converter a Galicia e a España nun actor fundamental na transformación ecolóxica e enerxética do noso país e para cumprir cos mandatos derivados do pacto  verde europeo e cos obxectivos de desenvolvemento sustentable da ONU», asegura Simón, para o que é preciso, asegura, impulsar transformacións nas negociacións, fortalecendo a parte máis feble, neste caso os propietarios, para que o resultado final, ademais de cumprir cos obxectivos ambientais, sexa tamén nos ámbitos social e económico.

A especificación da superficie obxecto do contrato, un pagamento anual mínimo, cobrar as rendas anuais acumuladas nun pago, ou que o promotor empece a pagar cando asine o acordo e non unha década despois, como ocorreu nalgún caso, son outras características deste contrato co que, segundo Simón, se pretende acadar «unha transición enerxética máis democrática e xusta».

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